LA SALUD DESPUES DEL FALLO DE LA CORTE

TOMADO DEL EL TIEMPO.COM EL INTENSO DEBATE ELECTORAL Y las cambiantes tendencias políticas de los últimos días han acaparado la atención de la opinión pública. Los otros temas parecen haber pasado a un segundo plano. la reciente sentencia de la Corte Constitucional que declaró inexequible la emergencia social decretada por el Gobierno en diciembre pasado, ha pasado casi completamente inadvertida. Hace apenas unas semanas el país debatía intensamente el presente y el futuro de nuestro sistema de salud. Ahora sólo una minoría está preocupada por el asunto. La sentencia de la Corte no suscitó mayores reacciones. Incluso el Gobierno se mostró satisfecho, o resignado, con el fallo. Pero la sentencia de la Corte Constitucional debería debatirse seriamente, tanto por sus novedosos argumentos jurídicos como por sus implicaciones sobre las finanzas del sistema de salud. La sentencia es jurídicamente cuestionable en el mejor de los casos. La Corte conceptuó que los problemas del sistema de salud no obedecen a hechos sobrevinientes, sino a fallas estructurales, y que por lo tanto los llamados decretos de emergencia eran inconstitucionales. Por tal razón, la Corte invitó al Gobierno a tramitar ante el Congreso, como corresponde en una democracia, las reformas necesarias al sistema de salud. Pero, seguidamente, la Corte consideró que los problemas financieros del sistema de salud eran tan graves que justificaban la permanencia de las medidas de carácter financiero emitidas al amparo de los decretos de emergencia. En lenguaje jurídico, la Corte aplicó una figura exótica, conocida como “inexequibilidad diferida”. El fallo de la Corte es peculiar incluso en este país de leguleyadas permanentes. En términos descriptivos la Corte borró con el codo del pragmatismo lo que hizo con la mano de la argumentación jurídica. O en otras palabras, la Corte, primero, dejó sin sustento jurídico los decretos de emergencia y, después, aceptó, por razones de conveniencia, que algunas medidas permanecieran vigentes, sin sustento alguno, por varios meses. Cuatro de los magistrados no estuvieron de acuerdo con esta decisión. En opinión de algunos de ellos, la inconstitucionalidad de la Corte fue un simple enunciado formal sin efectos prácticos. Los magistrados disidentes incluso sugirieron que el fallo de la Corte transmite un mensaje peligroso, puede incentivar al Ejecutivo a abusar de los estados de emergencia habida cuenta de que sus decisiones perdurarían incluso si son declaradas inexequibles. Pero más allá del debate jurídico, la sentencia de la Corte tiene algunas implicaciones problemáticas de corto plazo. La Corte determinó que los recursos recaudados por los nuevos impuestos al licor, al tabaco y a los juegos de azar deben destinarse a la atención de los beneficiarios del Régimen Subsidiado y a la Red Pública de Hospitales. Con esta orden, la Corte tapa un hueco pero deja otro al descubierto. La subcuenta de compensación del Fosyga es actualmente deficitaria. Está perdiendo aproximadamente 120 mil millones de pesos mensuales, que han sido cubiertos con las reservas existentes. A este ritmo, el Fosyga se quedaría sin plata en el mes de julio y el Régimen Contributivo vería amenazada su sostenibilidad financiera. En últimas, el pragmatismo de la Corte también fue insuficiente o inocuo para resolver los problemas financieros de nuestro sistema de salud. El próximo gobierno tendrá que llevar al Congreso una reforma estructural al sistema de salud. Mientras tanto, el gobierno actual debe enfrentar con decisión los problemas de cortísimo plazo del Régimen Contributivo que no fueron resueltos por el dudoso pragmatismo de la Corte Constitucional. Paradójicamente, el Gobierno parece más preocupado por los problemas de largo plazo que por las urgencias de la coyuntura: esta semana presentó incluso un proyecto de ley ante el Congreso. Pero los problemas estructurales de la salud ya no son asunto suyo. En cien días, sobra decirlo, no puede hacerse lo que no se hizo en ocho años.